En total, la Comunitat Valenciana tiene que reunir 50.000 firmas y 15.000 han de ser en la provincia castellonense. En toda España se han de lograr 500.000 rúbricas y se tienen que entregar antes del 31 de julio, tal como confirmaron desde Cocemfe CV el pasado miércoles al periódico 'Levante-emv.com' .

 

«Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio», es el lema principal de la campaña para la captación de firmas de impulso de la iniciativa legislativa popular de reforma de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia puesta en marcha por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

 

Con este mensaje, el Cermi pretende llegar a las personas con discapacidad y mayores, y a su entorno familiar, así como a los profesionales de los servicios sociales, a los voluntarios y a la ciudadanía en general, para que consignen su firma de apoyo a la iniciativa legislativa popular que persigue la modificación de la ley de autonomía personal para establecer unos criterios justos de copago que no expulsen a las personas en situación de dependencia de la protección social.

 

Coincidiendo con el comienzo de año 2015, todo el sector social de la discapacidad se movilizó para la consecución de las 500.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años, españoles, y con todos sus derechos políticos, necesarias para que prospere la iniciativa legislativa popular de modificación del copago y pueda llegar al Congreso de los Diputados para su admisión en su caso y posterior debate.

 

La iniciativa legislativa popular contra el copago confiscatorio es la respuesta del movimiento social de la discapacidad a las políticas de las administraciones sociales que en desarrollo de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia «han creado una situación insostenible que hace recaer el esfuerzo económico de mantenimiento del sistema en las propias personas en situación de dependencia», explican desde el Cermi.

 

Propuesta

 

Con la ILP se pretende que queden exentos de participación en el coste de las prestaciones aquellos beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). También se propone que, en ningún caso, la participación del beneficiario en el coste de los servicios superará el 60 por ciento respecto al precio de referencia que se haya establecido para los mismos. Asimimo, se pide que la participación en el coste de los servicios deberá garantizar a la persona beneficiaria al menos una cantidad mínima para gastos personales que será del 40 por ciento del IPREM correspondiente.